Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 24 de junio de 2017

RESISTIENDO EL OLVIDO

Camila y Diego
21 de junio de 1997

El 21 de Junio de 1997, en una calle de la capital colombiana, por órdenes del entonces coronel Naranjo, hoy vicepresidente de la república, fueron asesinados Camila y Diego, dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional; presentados por el oficial, como “bajas” de un combate inexistente. Una práctica deliberada del terrorismo de Estado, masificada años más tarde, ya no sólo contra rebeldes sino también contra  hombres y mujeres humildes a lo largo y ancho del país.

Días más tarde, la residencia de Carlos Alberto, nuestro amigo, hermano de Camila, era objeto de un allanamiento ilegal y la familia entera hostigada y perseguida, aun en medio de sus honras fúnebres.

Otra práctica antiquísima del terrorismo de Estado, que ha extendido su odio a la rebeldía, hacia familias y comunidades enteras, como si con ello lograra exterminar las semillas de resistencia que han surgido y seguirán creciendo mientras las condiciones de miseria a la que son sometidas las mayorías cambien radicalmente.

Veinte años más tarde, el sueño de Diego y Camila sigue vigente, su sangre insumisa circula en lxs jóvenes, hombres, mujeres, obrerxs, campesinxs, que levantados o no en armas, cuestionan esta sociedad, donde la avaricia de unos cuantos se impone en medio del terror, la muerte, la inequidad y la miseria.

Resistirse al olvido es una forma de entender la historia y el presente; de rebelarse ante la mentira oficial y desnudar el terrorismo de Estado. Por eso, en nuestro espacio, la memoria de Camila y Diego, así como de otros luchadores populares y gente humilde que ha sido perseguida y asesinada, será siempre honrada.

El Equipo Jurídico Pueblos comparte las reflexiones de Carlos Alberto Ruiz.

martes, 20 de junio de 2017

LA PAZ DEBERÍA INCLUIR LA DISCUSIÓN SOBRE POLÍTICA PENITENCIARIA Y CRIMINAL EN COLOMBIA


En los últimos días la problemática carcelaria se ha hecho aún más visible. Las denuncias que traspasan los muros de las prisiones son variadas, van desde las miserables condiciones de reclusión pasando por una alimentación inadecuada, el alto costo de las comunicaciones con sus familias, el pésimo sistema de salud que ha causado centenares de muertes por falta de atención, la corrupción, hasta el cacicazgo, la tortura y malos tratos hacia las y los presos como a sus familiares y visitantes, entre otras prácticas y situaciones aberrantes.

Pese a esto, las altas esferas de poder, encabezadas por el Fiscal General de la nación, protagonizan campañas discriminatorias que promueven la privación de la libertad como regla general e infunden temores por el supuesto riesgo a la seguridad ciudadana que conlleva la liberación de reclusos cuyos juicios se han prolongado ilegalmente.

Producto de ello, el proyecto de ley 148/2016 fue retirado por el gobierno, lo cual pone en riesgo la entrada en rigor de la Ley 1786/2016 que impone límites al tiempo de detención preventiva.

Sobre esta problemática Colombia Informa entrevistó al representante a la cámara Víctor Correa Vélez, quien hace un llamado general a la sociedad colombiana a volcar sus miradas sobre las prisiones del país y a reflexionar sobre una política criminal que cada día lleva a más ciudadanos y ciudadanas pobres a la cárcel.

Colombia Informa: Ha sido evidente su preocupación por la situación carcelaria y la política criminal en el país, problemas que a pocos parece interesar. ¿Por qué la sociedad en general debe preocuparse por lo que ocurre dentro de las prisiones?

Víctor Correa: Empiezo por decir que me parece  que hay una tendencia actual, o no sé que tan vieja sea en la humanidad, de pensar que tiene que  haber una razón útil para hacer algunas cosas y que lo que debe mediar es como un asunto de causalidad efecto que logre justificar las motivaciones para que una persona se mueva, se movilice o busque cambiar alguna realidad. Frente al tema carcelario yo diría que más allá de un porqué debería haber una preocupación real de todo el mundo. Cuando me preguntan por qué lo hace, yo digo porque hay injusticias en lo que está ocurriendo, porque en realidad hay gente que está sufriendo, que está mal y en virtud de solucionar el problema a estas personas en un tema de sensibilidad de vínculo humanista.

Ahora, pues hay quienes han debatido  sobre este tema y plantean que es alrededor de este trato que se ejerce sobre el otro, cuando se denigra y se violenta su dignidad. Muchos argumentan que es una forma de deshumanización de la sociedad, creo que en la medida que permanezcan este tipo de injusticias sin ningún tipo de respuesta se va naturalizando la violación de la dignidad humana como una condición natural, y eso sí es muy peligroso para las sociedades.

C.I: El proyecto de ley 148 fue retirado por el gobierno. ¿Cómo va la construcción de la nueva iniciativa?

V.C: Lastimosamente el proyecto de ley 148 fue retirado por parte del Ministerio de Justicia en un contexto político bastante complejo. Teniendo en cuenta que el señor Fiscal General estaba en contra del proyecto, se emprendió un proceso de construcción en el marco de unas nuevas realidades de debate político con todo el consejo de política criminal, buscando la legitimidad del proyecto con otros actores de la institucionalidad tenga una mayor viabilidad en el trámite legislativo. El proceso apenas comienza, sé se ha tomado como referencia el texto original del proyecto ley 148, y espero que toque y profundice otros elementos de la política criminal y penitenciaria que deben ser transformados.

C.I: Usted además de congresista es médico. Díganos, a partir de las visitas que ha realizado a distintos centros de reclusión ¿cuáles son sus consideraciones sobre el sistema de salud en las prisiones? ¿Cuáles son las alternativas o propuestas deben implementarse para un goce efectivo del derecho a la salud?

V.C: La situación de salud, en su conjunto, es bastante grave. Pero aquí tenemos una particularidad y es la  gente que está enfrentando las crueldades del sistema de salud en condiciones de reclusión. Gente que precisamente por sus  condiciones de reclusión debería estar protegida con mayor fuerza por parte del Estado colombiano.

Yo me uno al informe que realizó la Defensoría  del Pueblo, en el cual se evidencia que hay una vulneración sistemática del  derecho a la salud desde varias perspectivas: desde la perspectiva prestacional asistencial, pues a la gente no le están entregando los medicamentos, ni dando citas o programando cirugías. Desde el enfoque determinante del proceso salud y enfermedad, el hacinamiento en las cárceles facilita la propagación de enfermedades, como la tuberculosis. También el acceso al agua potable y los problemas de alimentación contribuyen a que se vulnere el derecho fundamental a la salud. Esto debe resolverse con urgencia, a través de actuaciones serias por parte del Estado. Por ejemplo, la interventoría que debería estar haciendo la USPEC tendría que determinar por qué la FIDUPREVISORA no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir cuando se le están pasando los recursos.

C.I: ¿Cree que el problema de la política criminal en Colombia y la situación carcelaria debe ser abordada en una mesa de diálogos que busca la salida negociada al conflicto? De ser así ¿qué le propone a la mesa de Quito?

V.C: Yo creo que sí, los procesos de negociación de paz deberían incluir la discusión sobre política penitenciaria y criminal en Colombia, porque la guerra no es un tema que solamente haya permeado o tenga que ver con la lucha de la confrontación entre las guerrillas y el Estado. La guerra ha sido transversal a muchos de los ejes de nuestra sociedad y creó unos imaginarios entre los cuales estaba la cárcel como gran respuesta y solución  a los problemas sociales. Además los problemas sociales que motivaron el origen del conflicto armado también en buena parte fortalecieron esta política criminal y penitenciaria, saturando las cárceles  a través de la criminalización de la pobreza, en efecto, se cree que debe ser un tema que se discuta en las mesas de paz, porque la paz no se hace solo entre las guerrillas sino entre la sociedad y el Estado, principalmente.

http://www.colombiainforma.info/la-paz-deberia-incluir-la-discusion-sobre-politica-penitenciaria-y-criminal-en-colombia/

20 de Junio de 2017

Equipo Jurídico Pueblos

lunes, 19 de junio de 2017

ENTREVISTA: ¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA PRESA POLÍTICA EN COLOMBIA?


Desde Equipo Jurídico Pueblos compartimos la entrevista realizada a las presas políticas de la cárcel de alta y mediana seguridad de la cárcel de Cúcuta, con apoyo de la Agencia de Comunicaciones Colombia Informa sobre la situación carcelaria desde un enfoque de género.

19 jun. CI.-  La situación de la población privada de la libertad en las cárceles colombianas, siempre ha sido de pésimas condiciones, con una constante violación de derechos humanos. A esto se suma el componente de género, el cual ha sido violentado históricamente. Un escenario en el que las reclusas tienen que superar una serie de dificultades adicionales a las ya impuestas por el sistema carcelario.
Al respecto, Colombia Informa entrevistó a algunas presas políticas de la cárcel de alta y mediana seguridad de Cúcuta -COCUC-.

Colombia Informa: ¿Qué opinión les merece su situación de mayor represión al recibir condenas de más años y tener más límites en las cárceles que los hombres?

Respuesta: Estamos en un lugar donde la discriminación del género femenino es mayor, se necesita luchar por programas alternos que nos lleven a un nivel de igualdad de condiciones.

C.I: ¿Cómo ha sido su situación de reclusas en cuestión de derechos humanos?

R: Nuestra situación de derechos humanos como mujeres privadas de la libertad deja ver la ausencia de políticas y programas institucionales y así nos obligan a resistir en las cárceles bajo pésimas condiciones.

C.I: ¿Al ser mujeres, presentan más inconvenientes en higiene que los hombres, cómo sobrellevan esa situación?

R: Por supuesto, las mujeres tenemos un ciclo menstrual y también la maternidad, por ende nuestra higiene es de mayores inconvenientes ya que estamos propensas a mayores enfermedades. A pesar de que somos una población vulnerable, sobrellevamos la situación con muchas dificultades, nos toca ser muy recursivas y esas son las medidas que tiene la entidad con nuestra situación.

C.I: ¿Qué mecanismos de seguridad existen para las presas que entran en estado de embarazo?

R: Somos  ubicadas durante ese tiempo en un pasillo para pasar la maternidad, pero no tenemos ningún beneficio en plenitud, alimentación o salud, ni lo que corresponde para tener un cuidado integral.

C.I: ¿Cómo mantienen y preservan el bienestar y seguridad sexual de las presas?

R: Nuestra seguridad sexual es pésima, no existe un control serio respecto a la protección, en cuestión de métodos, información y herramientas para la anticoncepción. Además de que solo recibimos una visita íntima al mes por dos horas.

C.I: ¿Creen que existe una estigmatización hacia las presas políticas?

R: Por supuesto que sí, ha sido una lucha constante para que nos den un espacio como presas políticas. En la mayoría de las cárceles de Colombia nos ha negado ese espacio con la intención de quebrantarnos en nuestros ideales y dejándonos reducidas a lo que el Estado llama “lo peor de la sociedad”.

C.I: ¿qué exigencias piden frente a las vulneraciones a sus derechos humanos?

R: Que el INPEC cree programas institucionales, que ayuden a la reparación del flagelo del machismo que ha fragmentado y distorsionado las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. Que los entes de control de derechos humanos trabajen con prácticas de control de la discriminación femenina y nos busquen soluciones como población vulnerable que somos.

http://www.colombiainforma.info/entrevista-que-significa-ser-una-presa-politica-en-colombia/

20 de Junio de 2017

Equipo Jurídico Pueblos

ENCUENTRO LATINOAMERICANO SOBRE "ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO"


30, 31 de mayo y 1 de junio 2017. Casa Xitla, Tlalpan, Ciudad de México.

Declaración organizaciones participantes en el Encuentro Latinoamericano de Defensoras, Defensores y Autoridades Originarias de los pueblos y territorios de América Latina. 

Defensores y defensoras, autoridades originarias de los pueblos y territorios de América Latina nos hemos reunido en la ciudad de México para compartir y analizar nuestras realidades, luchas, desafíos y esperanzas.  

Vemos con indignación el avance de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que saquea los bienes naturales, que avasalla los territorios y destruye la vida en todas sus formas. Es un sistema basado en un nuevo colonialismo que genera nuevas formas de esclavitud entre las poblaciones que habitan los territorios devastados por una insaciable codicia. Es un sistema que considera los cuerpos de las mujeres otro territorio a ocupar y a ganar como botín de guerra. Sus impactos se viven con   intensidad particularmente en las poblaciones indígenas, rurales, negras, afrodescendientes, mestizas-rurales y quilombolas.

Vemos con dolor cómo se deterioran las aguas, los bosques, las tierras de nuestra región. Y cómo se criminaliza, se judicializa y se estigmatiza a quienes defendemos estos bienes comunes. Vemos con preocupación el acelerado proceso de reconcentración de la tierra y de la riqueza en cada vez menos manos, lo que está generando en nuestro continente monstruosas y peligrosas desigualdades.

Vivimos rodeados de impunidad, de corrupción, de censura, de compra de conciencias, de militarización, sicariato, de asesinatos, desapariciones y encarcelamientos. Vivimos en narco-Estados en los que la vida no vale nada y las leyes son empleadas para reprimir a quienes alzamos la voz y trabajamos porque estos problemas desaparezcan. Los poderes formales -gobiernos e instituciones-, los poderes fácticos-grandes capitales, transnacionales, narcoactividad, iglesias conservadoras, medios de comunicación cómplices- están fortaleciendo este modelo económico neoliberal y patriarcal que ha hecho del dinero el dios a quien servir a costa de la Vida, arrasando derechos civiles y políticos, derechos culturales, derechos ambientales, todos los derechos conquistados en tantos años para nuestros pueblos. 

No aceptamos la manipulación que estos poderes hacen de la historia de nuestros pueblos ni el discurso que pretende hacernos creer que la destrucción de nuestros territorios y el saqueo de nuestros recursos naturales traerán desarrollo, progreso y bienestar.

Consideramos inaudito que en pleno siglo 21 y con el reconocimiento cada vez amplio de la comunidad internacional de los derechos para todo ser humano se continúe encarcelando y asesinando a defensores y defensoras de las aguas, los bosques, las tierras y el territorio.

El saqueo y las injusticias, el abuso del poder ha dejado grandes huellas y duelos aun no resueltos en nuestros pueblos y comunidades. Hemos visto desarticularse el tejido social comunitario y debilitarse los sistemas normativos,   culturales   e   históricos   de   los   pueblos   indígenas, afrodescendientes y de sus territorios. Hemos visto desaparecer la autonomía municipal y la de los territorios. Hemos visto incrementarse los feminicidios, la violencia sexual, el tráfico y la negociación con los cuerpos de las mujeres, la fragmentación de las familias, el desplazamiento forzado de poblaciones que dejan atrás sus hogares, sus afectos, sus recuerdos. Hemos visto vivir a mucha de nuestra gente en incertidumbre y permanente zozobra, con el temor diario de perder la vida.   

En el día de hoy, también en el de mañana y en el de pasado mañana, en cada uno de nuestros países, en cada territorio de Nuestra América, una defensora, un defensor, una persona, será asesinada, encarcelada, desaparecida, torturada, amenazada, violada o desterrada por defender derechos   consignados   en   la   Declaración   Universal   de   los   Derechos Humanos.

Es para enfrentar tanta muerte que defensoras y defensores  de derechos humanos, particularmente quienes defienden el medioambiente y los territorios estamos tejiendo alianzas estratégicasque sean duraderas y que nos permitan protegernos mejor y fortalecer la organización, las resistencias y la acción política.  

Hacemos un llamado a otros  pueblos, a académicos, intelectuales progresistas, organizaciones y movimientos sociales, populares y comunitarios a respaldar con decisión y pasión estas luchas y resistencias y a no permitir que avance más este modelo patriarcal, neoliberal y depredador de los bienes naturales, porque si sigue avanzando terminará destruyendo a toda la Humanidad y la vida.

Queremos decirles que, en medio de tanto esfuerzo, seguimos vivos y vivas. Y que nos sentimos alegres de mantener nuestro compromiso de luchar por la Vida. Por la vida de todo las formas de vida. Por la libertad, la justicia y la permanencia de la memoria. Por un futuro mejor para todas y para todos. Por el planeta, nuestra casa común.

En Ciudad México en el primer día del mes de junio de 2017  

Organizaciones firmantes y país.

Parlamento Mapuche Río Negro – Argentina
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – Bolivia
Comissao Pastoral Da Terra (CPT) – Brasil
Movimento Sem Terra – Brasil
Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos –
Brasil
Terra de Direitos – Brasil
Anamuri – Chile
Red de Defensa de los Territorios – Chile
Pueblo Mapuche, Comunidad Juan Kurrin – Chile
Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Colombia
Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya – Colombia
Equipo Jurídico Pueblos – Colombia
Movimiento Ríos Vivos – Colombia
Proceso Comunidades Negras – Colombia
Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA) – Costa Rica
Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – Ecuador
Asociación de Mujeres de Santo Tomás (Momujest) – El Salvador
Unidad Ecológica Salvadoreña – El Salvador
Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir –
Guatemala
Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – Guatemala
Consejo de Pueblos K’iche’ CPK – Guatemala
Consejo Mam – GuatemalaCoordinadora Ecuménica y Social en Defensa de la Vida en Zacapa y
Chiquimula   –   Guatemala   Gobierno   Ancestral   Plurinacional   Izabal   –
Guatemala
Jóvenes Organizados en Defensa de la Vida – Guatemala
Madre Selva – Guatemala
Resistencia Pacífica La Puya – Guatemala
Centro   Hondureño   de   Promoción   para   el   Desarrollo   Comunitario
(CEHPRODEC) – Honduras
Comunidad el Listón – Honduras 
Comunidades Zacate Grande ADEPZA – Honduras
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –
Honduras
Movimiento Ambientalista de Olancho – Honduras
Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz – Honduras
Organización de Mujeres Miskitas – Honduras
Organización Fraternal Negra Hondureña – Honduras
Alianza Sierra Madre – México
Asamblea   de   los   Pueblos   Indígenas   del   Istmo   de   Tehuantepec   en
Defensa de la Tierra y el Territorio – México
Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ) – México
Colectivo de Mujeres Hilamos Vida – México
Cooperativa la Tosepan Sierra Norte de Puebla – México
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – México
Movimiento en defensa del río San Pedro Libre – México
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) Chiapas –
México 
Tribu Yaqui – México
Red   Nacional   de   Mujeres   Indígenas:   Tejiendo   Derechos   por   la   Madre
Tierra y Territorio – México
Movimiento de Mujeres Segovianas – Nicaragua
Movimiento Segoviano Llegó la Hora de la Acción del Pueblo – Nicaragua
Iniciativa   Nicaragüense   de   Defensoras   de   Derechos   Humanos -
Nicaragua
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) –
Panamá
Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú – Perú
Pueblo Shiwilu de la Amazonía – Perú
Rondas Campesinas femeninas de Bambamarca – Perú

martes, 13 de junio de 2017

LA VIOLENCIA AL INTERIOR DE LAS CÁRCELES


Es una problemática cotidiana y por lo general, impulsada por los mismos funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, en forma de retaliación, contra los internos que no son de su agrado y contra los que hemos elevado denuncias por sus actos de tortura. De igual manera se expresa en las indignas condiciones materiales de reclusión, aunada a un régimen penitenciario deshumanizado. Y todo esto, se ha evidenciado en el reciente hecho en el cual resultó agredido el detenido político Luis Fernando Suescun Lopez en el pabellón # 2 de la penitenciaria de Valledupar. Se pudo establecer que dicha acción fue planeada y ordenada por el Dragoneante José Carrascal con la participación de los caciques del pabellón, este tipo de retaliación contra nuestros compañeros ya es casual, en las cárceles donde hemos adelantado trabajo de denuncia contra la institución, por la sistemática violación de los derechos humanos de la población reclusa.


NOTA POR EL COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS EDWARD ATENCIO-VALLEDUPAR.

14 de Junio de 2017

Equipo Jurídico Pueblos

lunes, 12 de junio de 2017

RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN CONTRA EL CORONEL LUIS FRANCISCO FULA CÁRDENAS POR MASACRE EN ZONA RURAL DE CURUMANÍ - CESAR

Archivo: ejercito.mil.co
La Fiscalía 44 Especializada de Derechos Humanos de Bucaramanga profirió resolución de acusación contra el Coronel del Ejército Nacional LUIS FRANCISCO FULA CÁRDENAS por los delitos de homicidio en persona protegida; desplazamiento forzado de población civil; en concurso con tortura, actos de terrorismo, secuestro extorsivo, destrucción y apropiación de bienes protegidos y concierto para delinquir por hechos ocurridos el 4, 5 y 6 de diciembre de 2005 en el municipio de Curumaní – Cesar.

Durante este período, aproximadamente trescientos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo alias  Jorge 40,  en coordinación con tropas del Ejercito Nacional adscritos al Batallón Energético y Vial No. 3, bajo el mando del Coronel FULA CÁRDENAS y con el apoyo del Alcalde de Curumaní de la época, incursionaron violentamente en las veredas Lamas Verdes y Nuevo Horizonte del Corregimiento de Santa Isabel del municipio de  Curumaní.

Los paramilitares iniciaron su recorrido de muerte desde la noche del 3 de diciembre en la vereda Nuevo Horizonte para culminar en el sitio Portón Rojo, donde perpetraron los más horrendos crímenes que lesionan la conciencia de la humanidad: impidieron la libre circulación de los habitantes, privaron de la libertad a un número aproximado de cuarenta y cinco campesinos, entre ellos varios niños, quienes fueron sometidos a torturas física y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; además se apoderaron de ganado vacuno, porcino, aves de corral, mulas, productos agrícolas, ropa, víveres e incendiaron y destruyeron viviendas. Miembros de la comunidad señalan que varias víctimas fueron brutalmente torturadas, entre ellas el campesino Héctor Julio Manzano a quien le introdujeron por las fosas nasales un objeto corto punzante, mientras que a Carlos Julio Hernández lo golpearon con un martillo en las rodillas hasta producir su muerte.

Fueron asesinados, previa reducción a un estado de indefensión e inferioridad a los campesinos HECTOR JULIO MANZANO GUERRERO, ELIDER RAMIRES PINEDA de 20 años de edad, padre de una niña para la época de los hechos; DEIBER PARADA BECERRA de 18 años de edad, CARLOS JULIO HERNANDEZ TRIADA de 70 años de edad, padre de nueve hijos, habitaba la región desde hace 40 años; NUMAEL RAMIREZ PINEDA (hermano de Elider) de 22 años de edad, RUBEN ANGEL PACHECO CONTRERAS, JOSÉ DEL CARMEN CARVAJALINO, NUBIA ESTHER LEÓN QUINTERO y ALFREDO ACOSTA de 40 años de edad padre de cinco hijos.  

Los signos de tortura y las condiciones en que familiares y testigos encontraron algunos cadáveres, revelaron  la atrocidad y barbarie con que actuaron los agresores. Según las declaraciones de los familiares, la tortura y las ejecuciones de algunas de las víctimas se produjeron ante la mirada de sus seres queridos. Posteriormente, la población de las veredas de Lamas verdes y Nuevo horizonte fueron objeto de constantes amenazas de muerte que provocaron el desplazamiento forzado de la población, viéndose obligados a abandonar sus bienes muebles y sus fincas.

En el proceso penal declararon jefes paramilitares que en versiones de Justicia y Paz señalaron a miembros de la fuerza pública como coautores de la masacre; igualmente señalaron Alcalde Municipal de Curumaní de la época como uno de los determinadores de los crímenes. Mientras en la zona rural de Curumaní se ejecutaba esta masacre, en el casco urbano del municipio, el jefe paramilitar Jorge 40 reunió a reconocidos políticos de las Costa Norte, en lo que posteriormente se conoció nacionalmente como la “Cumbre de Curumaní”. El 5 de agosto de 2014 uno de los testigos principales de los anteriores hechos, el ex jefe paramilitar Javier Urango Herrera, alias Chely, fue asesinado en extrañas circunstancias dentro del aeropuerto de Valledupar.

Después de rendir indagatoria y ante la inminencia de la medida de aseguramiento, FULA CARDENAS permanece prófugo; por intermedio de su abogado defensor solicitó la suspensión de la orden de la captura siendo concedida por parte de la Fiscalía; hecho que genera consternación en los familiares de las víctimas en la medida que los hechos investigados constituyen Crímenes Contra la Humanidad, pero además, el acusado nunca ha mostrado interés por contar la VERDAD.

Bucaramanga, 12 de junio de 2017


Equipo Jurídico Pueblos

SER LÍDER NO ES UN DELITO

COMUNIDADES CAMPESINAS SE REÚNEN EN BOGOTÁ PARA DENUNCIAR JUDICIALIZACIONES



El día de hoy, las comunidades campesinas del Centro y Sur del Cesar se reúnen, junto a otras, en el Bunker de la Fiscalía en Bogotá, con el fin de denunciar la ola de detenciones que se vienen presentando en el país, en el marco de un modelo de represión que busca reducir el movimiento popular. Una estrategia que involucra administración judicial, fuerzas militares e intereses privados.

Familiares y ex detenidos, participarán de la jornada nacional “Ser Líder No Es Delito” que inicia hoy, para denunciar la guerra sucia que el Estado colombiano utiliza a través de sus agentes y someterlos al despojo mediante la judicialización, de esta forma lograr consolidar los territorios para entregarlos a las multinacionales que tienen intereses en los mismos.

Mientras en Colombia se habla de “Posconflicto” y de “Paz”, en los territorios la doctrina del enemigo interno sigue más vigente que nunca y con mayor profundización, situación que ha generado detenciones arbitrarias, asesinatos y en algunos casos desplazamientos forzados, hechos que Juan Manuel Santos “Premio Nobel de Paz” oculta a la comunidad internacional y al país.

En la medida que crece el descontento social y se denuncian las graves violaciones a los derechos humanos, el Gobierno reprime brutalmente a quienes deciden alzar su voz de protesta ante las injusticias propias de un Estado que cada día genera más desigualdad y criminaliza a quien defiende los intereses de los pueblos.

El EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS acompaña la jornada SER LIDER NO ES DELITO y hace un llamado a todos los sectores populares a sumarse y rechazar la judicialización y criminalización del movimiento social, como arma de guerra y forma de despojo.

Junio 12 de 2017


Equipo Jurídico Pueblos